Las comunicaciones internas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dirigidas a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil sacan a la luz la gestión preventiva ante los episodios de tensión en la frontera sur. Los mensajes intercambiados a finales de julio de 2026 reflejan cómo los servicios de inteligencia detectaron con antelación llamamientos masivos en redes sociales para intentar entradas a nado y saltos a la valla perimetral, coordinados con fechas señaladas en Marruecos como la Fiesta del Trono.

A pesar de la precisión de las advertencias emitidas por el CNI, las respuestas del ámbito institucional muestran la complejidad y los matices en la coordinación operativa. Ante alertas que advertían de convocatorias en plataformas digitales con audiencias que sumaban hasta 180.000 seguidores, la interacción diaria evidenció diferencias de ritmo entre el análisis de inteligencia y la respuesta administrativa. Este escenario abre un debate sobre la suficiencia de los protocolos de actuación e infraestructura de seguridad en las zonas de frontera.

Coordinación operativa e inteligencia preventiva ante las alertas en Ceuta

El seguimiento de los perfiles digitales por parte del CNI permitió identificar convocatorias de asalto e informaciones no confirmadas sobre posibles acuerdos bilaterales de devolución de migrantes. La comunicación fluida entre el CNI, la Guardia Civil y las autoridades gubernamentales es pilar fundamental para la seguridad nacional; sin embargo, el contenido de las conversaciones pone de manifiesto los retos organizativos cotidianos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad ante el volumen cambiante de las dinámicas migratorias.

Koldo García, ex edil de Huarte y ex asesor del exministro José Luis Ábalos, ha negado esde la prisión madrileña de Soto del Real haber recibido 300.000 euros en metálico de manos del comisionista Víctor de Aldama para financiar de manera irregular al PSOE, según ha avanzado este miércoles elDiario.es. La versión desmentida procedía de una información publicada hace unos días por El Mundo, según la cual Aldama declaró ante un juez de la Audiencia Nacional haber entregado esa cantidad a García como parte de una operativa destinada a canalizar fondos millonarios al partido y a la Internacional Socialista.

En un audio difundido desde la cárcel, García calificó la noticia de "totalmente falso" y aseguró que no existe prueba alguna que la respalde. Anunció, además, que abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, para contar su propia versión de los hechos, ya que, según recogió elDiario.es, la considera "la única solución para desmentir todas las falsedades" que se vierten sobre su persona.

El caso se enmarca en la pieza secreta que instruye el juez Ismael Moreno sobre los pagos en metálico del PSOE, desgajada de la causa Koldo tras la sospecha del magistrado del Supremo Leopoldo Puente de que el manejo de tiques de gastos en el partido pudo servir para blanquear dinero a los investigados García y Ábalos.

Sobre esta cuestión se pronunció también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, defendió que "no hay financiación irregular del Partido Socialista" y recordó que la formación entregó toda su documentación contable desde 2014. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este miércoles en el programa Mañaneros 360 de TVE, entrevista a la que llegó directamente desde el Congreso de los Diputados tras someterse a la primera sesión de control al Gobierno del curso político. Durante la conversación, el jefe del Ejecutivo abordó la crisis migratoria de Ceuta, la suspensión cautelar del voto de los nietos de exiliados, el dossier de periodistas elaborado en el Ministerio del Interior, los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar y al PSOE, y el calendario electoral de cara a 2027.

Crisis migratoria en Ceuta

Preguntado por la gestión de la crisis migratoria vivida los días 30 y 31 de julio, cuando entraron en Ceuta más de 70.000 personas en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, Sánchez reconoció margen de mejora en dos ámbitos: la preparación del Estado frente a lo que calificó de "ataques híbridos" y la necesidad de reforzar las infraestructuras de acogida en las ciudades autónomas. Precisó que los informes de situación previos a esas fechas registraron un repunte de llegadas a nado, pero en ningún caso anticiparon una entrada masiva de esa magnitud.

El presidente detalló que el Gobierno trabaja para elevar a 6.000 las plazas activadas para migrantes en Ceuta, frente a las poco más de 1.000 con las que arrancó la crisis y las 3.500 actuales, y recordó que desde el 10 de agosto más de 4.500 personas han retornado voluntariamente a Marruecos. Defendió además la decisión de no emplear la fuerza contra los recién llegados, en su mayoría menores y jóvenes, frente a lo que consideró sugerencias de la oposición favorables a una respuesta armada.

Sánchez avanzó que el Rey visitará próximamente Ceuta y Melilla, con fechas que se comunicarán conjuntamente entre el Gobierno y la Casa Real, y no descartó que el viaje se produzca este mismo mes, después de las elecciones en Marruecos. Sobre la magistrada María Tardón, declarada competente por la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva a Ceuta, el presidente admitió como "hecho objetivo" su pasado como concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, aunque defendió que ello no está reñido con su imparcialidad como jueza.

Ley de Nietos y suspensión cautelar del voto

El presidente rechazó la resolución del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el derecho a voto de los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022. Sánchez recordó que bajo esa norma ya se celebraron las elecciones generales de 2023, en las que el Partido Popular ganó en el voto exterior, y reprochó a esa formación un cambio de posición que atribuyó a una corriente de cuestionamiento de los procesos democráticos por parte de la derecha y la ultraderecha. Pidió al Tribunal Supremo que resuelva la cuestión antes de las elecciones de 2027.

Dossier de periodistas y libertad de prensa

Preguntado por el listado elaborado en el Ministerio del Interior con periodistas y su supuesta ideología, Sánchez afirmó desconocer su existencia y calificó el documento de "poco apropiado", aunque lo describió como un documento interno de trabajo del gabinete de comunicación del ministerio. Aseguró que el Gobierno respeta la autonomía e independencia de los medios de comunicación.

Procesos judiciales y financiación del PSOE

El presidente defendió la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, pendiente de juicio por parte del juez Peinado, y de su hermano, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación, y anunció que recurrirán la sentencia. Enmarcó ambos procesos en lo que calificó de acoso de asociaciones ultraderechistas contra su familia. Sobre la investigación de la Audiencia Nacional a las cuentas del PSOE, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama sobre un contrato de 15 millones de euros, Sánchez negó cualquier financiación irregular del partido y remitió al informe de Transparencia Internacional, que sitúa al PSOE como el más transparente de los grandes partidos españoles.

Calendario electoral

Sánchez descartó de nuevo la convocatoria de un "superdomingo electoral" que agrupe comicios autonómicos, municipales y generales, y reiteró que decidirá el momento de la convocatoria en función del interés general, aunque situó 2027 como año de referencia para las legislativas. Confirmó su intención de volver a presentarse como candidato del PSOE, condicionada al proceso de primarias del partido.

Informe PISA

El presidente también se refirió a los últimos resultados del informe PISA, que constatan una caída de la comprensión lectora y las matemáticas entre los jóvenes en los países desarrollados, y la vinculó al uso desproporcionado de dispositivos digitales y redes sociales. Reclamó la aprobación en las Cortes Generales del proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado una sentencia de seis años de prisión para una mujer que intentó asesinar a su pareja tras sedarlo con diazepam en unas crepes. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la acusada preparó las crepes con el medicamento y las ofreció a la víctima. Aprovechando su estado de inconsciencia, la mujer intentó asfixiarlo con una almohada y simular un suicidio.

El tribunal confirma el intento de asesinato con alevosía

El tribunal ha considerado probado que la mujer actuó con «ánimo de causar su muerte y simular un suicidio», realizando cortes en los brazos de la víctima y tratando de asfixiarlo. La Sección Segunda de la Audiencia vizcaína determinó que la acusada utilizó un medio secreto y seguro al incorporar un psicofármaco en los alimentos, eliminando así el riesgo de defensa de la víctima. La acusada reconoció los hechos durante el juicio, confirmando la falta de controversia entre las partes.

La sentencia considera los actos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, al no lograrse el objetivo final por causas ajenas a la voluntad de la acusada. La alevosía se determinó por el uso del diazepam, un psicofármaco del grupo de las benzodiacepinas, como medio para incapacitar a la víctima. El tribunal destacó que, aunque la intención era acabar con la vida de la pareja, el delito quedó en grado de tentativa.

Agravantes y atenuantes en la condena

En el fallo, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha tenido en cuenta la agravante de parentesco y las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño causado. La alteración psíquica se fundamentó en un informe de la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF), que evidenció un menoscabo leve en las capacidades intelectivas y volitivas de la acusada, afectando su toma de decisiones. La mujer presentaba un «estilo disfuncional de la personalidad» en un contexto de «ruptura de la pareja», lo que contribuyó a la atenuante.

Respecto a la reparación del daño, la acusada ha reconocido la totalidad de los hechos y ha mostrado un «arrepentimiento total y sincero». Además, ha consignado 55.480 euros en concepto de indemnización para la víctima en octubre de 2025. La Audiencia considera esta acción como una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Bizkaia ha impuesto la retirada de la patria potestad sobre el hijo común y ha establecido una prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima a menos de 200 metros durante doce años. Esta medida busca proteger a la víctima y asegurar que no se repitan situaciones de riesgo.

Finalmente, es importante destacar que la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este recurso podría modificar la condena impuesta o confirmar la decisión de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar solicitada en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio, relativo a la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de personas a quienes se ha otorgado la nacionalidad española a través de la conocida como "ley de nietos".

Los dos autos dictados por la Sala se notificarán en los próximos días, una vez se incorpore el voto particular de uno de los seis magistrados que la han integrado.

Suspensión para quienes aún no estén inscritos

Según recoge el acuerdo, respecto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1, inciso primero, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y que aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero, se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización. Una vez concluido dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento.

Suspensión de efectos electorales para quienes ya estén inscritos

Para aquellas personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española por esta misma vía, ya hubieran sido inscritas en el CERA, la Sala acuerda suspender los efectos electorales de dicha inscripción de cara a los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, también hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.

Excepción para los casos de exilio acreditado

El auto establece que esta suspensión no regirá para las personas respecto de las cuales los encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación de identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, sin haber aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Para ello, la Sala ordena a la Junta Electoral Central que requiera de inmediato a los encargados de los Registros Consulares.

Desglose de expedientes y nuevos plazos a la Junta Electoral Central

El Tribunal ordena también a la Oficina del Censo Electoral, por conducto de la Junta Electoral Central, que proceda al desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio previstos en la citada disposición adicional, diferenciándolos de aquellos expedientes iniciados y aprobados al amparo de la interpretación realizada por la Instrucción de 25 de octubre de 2022, en aplicación de la Directriz Séptima y de la presunción establecida en la misma.

Asimismo, la Sala mantiene lo resuelto por la Junta Electoral Central en los apartados 5º a 7º de su Acuerdo de 16 de julio de 2026, en relación con la elaboración del informe complementario y de la instrucción interesada a la Oficina del Censo Electoral, si bien requiere a la Junta Electoral Central para que, en caso de que la Oficina del Censo Electoral no lo hubiese cumplimentado, fije un plazo no superior a quince días para la elaboración y presentación de dicho informe complementario. Igualmente, se requiere a la Junta Electoral Central para la posterior aprobación de la correspondiente instrucción en un plazo no superior a diez días.

Dada la complejidad de las cuestiones abordadas y las dudas de derecho suscitadas, la Sala no impone las costas de este incidente.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una macrooperación contra los considerados líderes o números uno del narcotráfico internacional. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad han conseguido desmantelar un entramado vinculado a una de las principales bancas clandestinas de transferencia de dinero por todo el mundo, utilizada de forma habitual para la financiación del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con la detención de 21 personas, entre las que destaca el líder de la denominada Banca de Dubái, presuntamente responsable de gestionar múltiples transportes de cocaína a escala global.

El abordaje del buque Nehir y el posterior hundimiento en Gijón Las actuaciones judiciales, instruidas por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, tienen su origen en febrero de 2021. En esa fecha, los agentes abordaron en aguas cercanas a las costas españolas el buque Nehir, en el cual se localizaron 1.835 kilos de cocaína y se arrestó a sus nueve tripulantes.

Tras ser remolcado hasta el puerto de Gijón, el barco terminó hundiéndose debido a una fuga de agua provocada intencionadamente por el propio capitán. Posteriores indagaciones revelaron que la embarcación ocultaba una partida adicional de 1.650 kilos de cocaína, la cual fue recuperada más tarde por los miembros de la red al adentrarse en el buque sumergido. Los envíos, procedentes de Sudamérica, tenían como objetivo el trasbordo en alta mar a embarcaciones rápidas gestionadas por lancheros gallegos para su posterior alijo en España.

Criptoactivos y análisis de la estructura de blanqueo Para costear el cargamento de la embarcación, la red recurrió al servicio del narcobanco clandestino Banca de Dubái, permitiendo mover elevadas sumas de dinero entre países en breves periodos de tiempo. En el marco de esta causa, la Policía Nacional impulsó una investigación pionera para el rastreo y análisis de criptoactivos en colaboración con especialistas de EUROPOL y cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, integrados en la Operational Task Force (OTF) TOKEN.

Detenciones masivas e intervención de bienes por 20 millones de euros El operativo policial incluyó un registro en la ciudad de Madrid y se saldó con 14 arrestos en territorio nacional, decretándose el ingreso en prisión del principal bróker de la banca clandestina. Asimismo, las autoridades emitieron 19 Órdenes Internacionales de Detención, de las cuales siete ya han sido ejecutadas en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia con el apoyo de INTERPOL.

En el conjunto de la investigación, los agentes han identificado y bloqueado activos por un valor global de 20.000.000 de euros, que incluyen:

• 48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 de euros.

• 121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros.

• Vehículos de alta gama intervenidos por un importe superior a 1.600.000 euros.

• Más de 39.000 euros en efectivo, relojes, joyas y bolsos de lujo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

España ha caído hasta conseguir los peores resultados de su historia en el informe PISA 2025, la evaluación global coordinada por la OCDE que mide las competencias de los estudiantes de 15 y 16 años al concluir la educación obligatoria. Nuestro país no solo ha sido incapaz de frenar la tendencia descendente en este análisis educativo, sino que ha empeorado sus cifras en las tres áreas evaluadas: matemáticas, competencia lectora y ciencias, situándose significativamente por debajo de los promedios de la Unión Europea y de la propia OCDE.

En comparación con los datos recopilados en 2015, el alumnado español sufre una pérdida de 45 puntos en lectura —el retroceso más acusado—, 30 puntos en matemáticas y 16 puntos en ciencias. En el estudio han participado casi 30.000 estudiantes procedentes de 956 centros educativos de toda España, de los cuales el 77% cursaba 4º de la ESO.

Evolución del rendimiento escolar y brecha regional en lectura y matemáticas

El análisis concluye que el rendimiento en lectura disminuye de forma ininterrumpida en España. En la actualidad, únicamente el 68% de los alumnos es capaz de identificar la idea principal en un texto de extensión moderada o reflexionar sobre su finalidad, mientras que solo un 2% alcanza el nivel superior de comprensión lectora, frente al 6% de la media de la OCDE. Este descenso progresivo se vincula a nivel global con el uso de dispositivos digitales como el teléfono móvil y con la irrupción de la inteligencia artificial.

Por comunidades autónomas, Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León obtienen los mejores resultados en la prueba de lectura, posicionándose por encima de las referencias internacionales. Asimismo, en el ámbito de las matemáticas, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Cantabria lideran la clasificación nacional al superar los datos globales europeos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó este lunes en el Fórum Europa contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "la irresponsabilidad" de utilizar el puerto de Ceuta para acoger a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto fronterizo del 30 de julio. El presidente del PP advirtió de que la crisis "va para largo" si el Ejecutivo "sigue con este ímpetu".

En el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Feijóo criticó que la medida se haya adoptado por "imposición" y "contra todos", desde el Gobierno ceutí hasta el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, pasando por "los informes técnicos y jurídicos" y los "empresarios" del sector.

Crítica a la ubicación de los migrantes

El jefe de la oposición mostró su malestar por la decisión del Ejecutivo de "ubicar a más de 1.000 inmigrantes en un puerto a pocos metros de los barcos que se trasladan al continente", una circunstancia que, según denunció, "dificulta" además el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Reclama plazos e instrumentos de retorno

Feijóo señaló que Ceuta "necesita saber con qué instrumentos y en qué plazos van a ser retornados todos aquellos que la ocuparon ilegalmente". Recordó que el PP propuso a mediados de agosto el traslado de todos los funcionarios necesarios de los departamentos de extranjería del Gobierno para que trabajasen en tres turnos —"mañana, tarde y noche"— con el objetivo de "cumplimentar los requisitos administrativos y legales al efecto de facilitar la identificación y el retorno al país de origen".

Insiste en la responsabilidad de Marruecos

El líder del PP presumió del "sentido de Estado" con el que, a su juicio, ha actuado la oposición durante la crisis, y volvió a insistir en que Marruecos ha "auspiciado" la "invasión" de la ciudad autónoma, una tesis que también defendió ante el mismo público el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, desplazado a Madrid para explicar la situación que atraviesa la ciudad. Vivas repetirá el argumento en Bruselas, donde tiene prevista una agenda intensa durante los próximos dos días. La cúpula del PP, incluidos varios barones autonómicos, le ofreció esta mañana una emotiva acogida.

"Prioridad nacional" para el PP

Feijóo puso en valor su "energía" para defender Ceuta y su "sosiego" para hacerlo sin "incendiarla". Comprometió a la oposición a garantizar "verdad", "normalidad" y "futuro", y concluyó que para su partido será "una prioridad nacional" —término acuñado originalmente por Vox— que "los ceutíes vivan tranquilos".

Por último, se mostró convencido de que "la reacción" del presidente de Ceuta y de los ciudadanos de la ciudad "ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y que terminaba con algún tipo de cesión al país vecino", en referencia a Marruecos, aunque no detalló los pormenores de dicho plan.

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, inició este lunes el curso universitario en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde cursará el Grado en Ciencias Políticas junto a más de tres mil nuevos estudiantes que comienzan sus clases esta semana.

Según el programa de estudios de la UC3M, este grado permitirá a la Princesa adquirir una base de conocimientos en Ciencias Políticas, Jurídicas y Administración, así como fomentar el análisis crítico de la política en contextos nacionales e internacionales. La titulación, impartida en el campus de Getafe, incluye materias de Ciencia Política, Humanidades, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales.

Compatibilizará los estudios con sus compromisos institucionales y militares

Leonor combinará este periodo de formación superior con sus obligaciones institucionales como heredera de la Corona, tal y como hizo durante sus dos años de formación académica internacional en el UWC College de Gales y durante su formación militar de los últimos tres años. En julio de 2027 recibirá de manos del Rey los despachos de Teniente de Infantería del Ejército de Tierra, Teniente de la especialidad de Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio, y Alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada, en la Academia General Militar, la Academia General del Aire y del Espacio y la Escuela Naval Militar.

Recibimiento y primer día de clase

A su llegada al edificio "Adolfo Posada" del campus de Getafe, la Princesa fue recibida por el rector de la UC3M, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo.

Como el resto de sus compañeros, Leonor comenzó su jornada a las 9.00 horas con una breve introducción de Gema García Albacete, directora del Grado en Ciencias Políticas, sobre el funcionamiento de la vida académica. A continuación recibió su primera clase, de Teoría del Derecho, impartida por el profesor Rafael de Asís Roig, doctorado en Derecho por la UC3M bajo la dirección de Gregorio Peces-Barba Martínez, rector fundador de la universidad y miembro de la Ponencia constitucional que redactó la Constitución de 1978.

Por la tarde, los nuevos estudiantes del grado asistieron a una clase práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo del profesor Carlos Santiago Caballero, y a la clase magistral de Fundamentos de Ciencias Políticas, impartida por el profesor Pablo Simón Cosano, a la que también asistieron alumnos del Grado en Estudios Internacionales. Las clases de la mañana tuvieron una duración de hora y media, con descansos de quince minutos, según la planificación de la Comisión Académica del grado.

Según fuentes universitarias, este 7 de septiembre iniciaron curso en la UC3M cerca de 20.000 estudiantes, 12.000 de ellos en el campus de Getafe, dentro de un total de más de 200.000 alumnos en las universidades públicas madrileñas y más de 1,5 millones de estudiantes de grado en el conjunto de las universidades españolas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino este lunes en la reunión de inicio de curso de diputados, senadores y parlamentarios europeos socialistas, donde aseguró que "trabajamos por y para Ceuta". Sánchez situó a la ciudad autónoma como la prioridad actual de su Ejecutivo y articuló su intervención en torno a tres objetivos.

En primer lugar, se comprometió a asistir a los ceutíes en su vuelta a la normalidad con una inversión de 309 millones de euros destinada a reactivar la economía y reforzar la seguridad y la frontera. En segundo lugar, abordó la crisis humanitaria derivada del asalto fronterizo y afirmó que "quien tenga derecho a asilo lo tendrá" y que "quienes no, evidentemente serán devueltos". Por último, prometió esclarecer lo ocurrido y poner a disposición de la ciudadanía toda la información disponible.

Sánchez lamentó que, como en anteriores crisis, el Gobierno no pueda contar con el apoyo de una oposición que, a su juicio, aprovecha cualquier tragedia para hacer política.

En cuanto a la acción de Gobierno, el presidente defendió las 74 leyes aprobadas en lo que va de legislatura. Entre las iniciativas destacadas mencionó el aumento y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a 19 semanas, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, el fortalecimiento del sistema de Dependencia con una financiación récord y la ley reclamada por bomberos y agentes forestales para mejorar sus condiciones laborales.

Promesas de futuro

De cara a los próximos meses, Sánchez prometió que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 serán "los más sociales de la historia" y que la vivienda ocupará un papel central, frente a quienes "se compran un piso con 200 metros de terraza" mientras condenan a sus ciudadanos a vivir en viviendas de 30 metros cuadrados.

El líder del PSOE pidió a los parlamentarios socialistas que miren no hacia el final de la legislatura, sino "hacia el final de la década". "Nuestro proyecto no acaba en 2027", afirmó, y señaló que es necesario llegar a 2030 con el actual Gobierno para lograr el pleno empleo, cerrar la brecha de género, alcanzar que el 80% de la energía en España sea renovable y evitar retrocesos en los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, al tiempo que se reducen las desigualdades económicas y crece el Producto Interior Bruto. "Somos más necesarios que nunca", defendió Sánchez. "Si estos avances no los defendemos nosotros, no lo hará nadie".

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de la entrada masiva irregular en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, en la que miles de personas cruzaron la frontera de manera coordinada. La juez María Tardón ha considerado que los hechos constituyen un delito que compromete la paz e independencia del Estado, trascendiendo así la calificación de un simple incidente migratorio.

En su auto de admisión de competencia, respaldado por un informe favorable de la Fiscalía, Tardón describe lo ocurrido como un ataque premeditado a la soberanía española. "Nos hallamos ante una conducta delictiva que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", subraya la magistrada, quien vincula directamente los hechos con la "guerra híbrida" o "zona gris"—términos que hacen referencia a estrategias de desestabilización que combinan acciones irregulares, desinformación en redes sociales e intervención de actores estatales.

Una operación "planificada y coordinada"

El documento judicial rechaza categóricamente que se tratara de un flujo migratorio espontáneo. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ya había emitido el 29 de julio una alerta de "riesgo extremo" de entrada masiva. Tardón destaca que las redes sociales jugaron un papel central en la propagación del llamamiento, y que se detectaron oleadas de personas de distinto perfil que provocaron "un colapso de las capacidades de respuesta" del sistema de control fronterizo español.

"La finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal", indica el auto, sugiriendo que el verdadero objetivo era algo más ambicioso que permitir cruces de frontera. Las investigaciones previas revelaron que la fase previa a la entrada masiva ya mostraba una situación "sostenida y creciente" de entradas a Ceuta, detectada por las fuerzas de seguridad españolas días antes de que estallara el caos.

Las acusaciones contra Marruecos

Quizá el aspecto más delicado del auto es la acusación implícita de coordinación activa desde el territorio marroquí. Tardón afirma que existe "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el Reino de Marruecos", basándose en imágenes y vídeos que documentan la actitud de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

La juez habla incluso de "guiado activo": policías uniformados de Marruecos indicando a los migrantes por dónde cruzar, cómo sortear los obstáculos y hacia dónde dirigirse. "Paralelamente", agrega, había "agentes dinamizadores" de la masa de personas que facilitaban el acceso. Esta descripción va mucho más allá de la mera tolerancia o permisividad, sugiriendo una implicación activa en la orquestación de los hechos.

83 muertes investigadas

Uno de los aspectos más dramáticos es el saldo de vidas. El auto menciona 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas por ahogamiento o aplastamiento durante la travesía. Tardón subraya el "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables"—aludiendo a ancianos, familias con niños y bebés que fueron lanzados al mar "sin preparación, provistas de vestimenta inadecuada" y con "endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes".

Esta consideración de los hechos como delito de homicidio imprudente en conexión con violaciones de derechos de ciudadanos extranjeros añade una dimensión criminal adicional a la ya grave acusación de ataque a la soberanía española.

Una estructura criminal compleja

El auto detecta una organización criminal con al menos cinco niveles jerárquicos claramente diferenciados. En la base se encontraría la masa de personas que efectuó el cruce, mientras que en un segundo escalón estarían los dinamizadores que utilizaron las redes sociales para movilizar a miles de personas de manera coordinada.

Un tercer nivel lo conformarían los organizadores presentes sobre el terreno, incluyendo policías uniformados y agentes no uniformados que impartían instrucciones directas. Por encima, un cuarto nivel de planificación que, según el auto, evidencia "una depuración o mejora" en comparación con otros intentos de años anteriores. Y finalmente, en el nivel más alto, los directores estratégicos de toda la operación.

Tardón señala que en tres de estos niveles ya hay personas identificadas, aunque en otros aún se continúa investigando. La juez advierte que la complejidad de esta estructura requiere "una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".

Precedente importante

La decisión de la juez María Tardón representa un cambio de enfoque significativo. Mientras que durante años los cruces irregulares en Ceuta se han tratado como cuestiones migratorias ordinarias, ahora se elevan a la categoría de delito contra la forma de Gobierno y la seguridad del Estado. El presidente del Gobierno ya había calificado los hechos el 31 de julio como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Esta reinterpretación del episodio como una operación híbrida de desestabilización, más que como un simple movimiento migratorio, probablemente marcará un antes y después en cómo España y la Unión Europea entienden las amenazas a su seguridad fronteriza. La investigación abierta por la Audiencia Nacional se perfila como un proceso largo y complejo que podría tener implicaciones diplomáticas significativas.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las fuerzas de seguridad han detenido a los integrantes de la red encargados tanto de captar a las personas vulnerables en su país de origen como de explotarlas en establecimientos hosteleros españoles.

Captación mediante falsas ofertas formativas

La investigación comenzó en noviembre de 2023 tras la desarticulación de una célula asentada en Torredembarra (Tarragona). La red atraía a ciudadanos colombianos en situación de vulnerabilidad económica o social bajo la promesa de programas formativos y prácticas académicas.

Para someter a las víctimas, la trama gestionaba sus viajes y generaba una deuda económica que utilizaba como instrumento de control y coacción. Una vez en España, los afectados eran trasladados a locales de restauración de Tarragona y Madrid, donde sufrían explotación laboral con el pretexto de saldar los gastos del desplazamiento.

Cooperación internacional y fases del operativo policial

El operativo policial se ha desarrollado en tres fases principales:

• Abril de 2024 y julio de 2025: Se actuó contra la estructura asentada en España, lo que permitió la detención de 22 personas y la localización de 57 potenciales víctimas.

• Fase final en España y Colombia: Agentes españoles se desplazaron a Colombia para coordinar la investigación. En esta etapa se detuvo en Tarragona a tres personas con órdenes internacionales de detención dictadas por las autoridades colombianas. Simultáneamente, la Policía de Colombia realizó cuatro registros en Bogotá y arrestó a cinco integrantes de la red.

El balance global de esta intervención contra la trata de seres humanos suma 30 personas detenidas. Los arrestados han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, competente en las órdenes internacionales de detención, mientras la investigación permanece abierta sin descartar nuevas actuaciones.

Canales para denunciar la trata de personas

La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono gratuito 900 105 090 y del correo electrónico trata@policia.es para la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos. Las llamadas realizadas a este número no quedan reflejadas en la factura telefónica.

A pocos días de que Madrid acoja por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1, entre el 11 y el 13 de septiembre, más de medio centenar de organizaciones españolas e internacionales han dirigido una carta abierta a Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, para exigir que la competición ponga fin a los patrocinios vinculados a la industria del tabaco y la nicotina.

La iniciativa, impulsada en España por Nofumadores.org, reclama que la Fórmula 1 extienda a todos los productos de tabaco y nicotina la decisión que adoptó hace dos décadas para acabar con los patrocinios de cigarrillos, incluyendo en esta ocasión las bolsas de nicotina, los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado. "Madrid no puede convertirse en un gran escaparate para que la industria tabaquera normalice nuevos productos de nicotina ante niños, adolescentes y jóvenes. Si la Fórmula 1 fue capaz de dejar atrás la publicidad de cigarrillos, debe actuar ahora con la misma determinación ante las nuevas estrategias de una industria que busca seguir presente en el deporte", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

Zyn en Ferrari y Velo en McLaren

La carta pone el foco en dos de las principales escuderías del campeonato. Philip Morris International ha ampliado su acuerdo con Ferrari para promocionar Zyn, su marca de bolsas de nicotina, mientras que British American Tobacco (BAT) mantiene su asociación con McLaren, empleada como plataforma global para marcas como Velo. Para las organizaciones firmantes, estos acuerdos adquieren especial relevancia por la enorme capacidad de la Fórmula 1 para proyectar las marcas vinculadas a sus equipos a través de retransmisiones, plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.

"Las tabaqueras saben perfectamente lo que significa asociar una marca a la velocidad, la tecnología, el éxito y a algunos de los deportistas más admirados del mundo. No podemos aceptar que productos con nicotina se integren en ese imaginario y se normalicen ante millones de jóvenes", advierte Fernández Megina.

Una audiencia cada vez más joven

La propia Fórmula 1 reconoce que más de cuatro millones de niños y niñas de entre 8 y 12 años siguen activamente el campeonato en la Unión Europea y Estados Unidos. Además, el 54% de sus seguidores en TikTok y el 40% en Instagram tienen menos de 25 años. Al mismo tiempo, la competición ha reforzado su conexión con el público infantil y familiar mediante acuerdos con marcas como Disney, LEGO y Hot Wheels, lo que para Nofumadores.org supone una contradicción evidente con el mantenimiento de espacios de promoción para productos de nicotina vinculados a grandes tabaqueras.

"La Fórmula 1 ha hecho un enorme esfuerzo para conquistar a una nueva generación de aficionados. Precisamente por eso tiene una responsabilidad mayor. No puede abrir la puerta a los niños con Disney, LEGO o Hot Wheels y dejar que por esa misma puerta entren las marcas de nicotina de las grandes tabaqueras", sostiene la presidenta de Nofumadores.org.

Una presión internacional creciente

La iniciativa española se suma a una movilización internacional cada vez mayor. El pasado 4 de marzo, más de 160 organizaciones de 57 países reclamaron ya a Stefano Domenicali que ampliara la prohibición de los patrocinios de cigarrillos a los nuevos productos de tabaco y nicotina. El 8 de junio, fiscales generales de 19 estados y jurisdicciones de Estados Unidos volvieron a dirigirse a la Fórmula 1 para expresar su preocupación por la promoción de bolsas de nicotina como Zyn y Velo y su exposición entre los jóvenes. La celebración del Gran Premio de España en Madrid traslada ahora esta reivindicación al escenario español y europeo.

Marco regulatorio europeo y español

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ratificado por España y la Unión Europea, establece prohibiciones amplias sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En el ámbito comunitario, la Directiva 2003/33/CE prohíbe el patrocinio de productos del tabaco en acontecimientos transfronterizos, mientras que en España la Ley 28/2005 prohíbe con carácter general su publicidad, promoción y patrocinio. Ante la aparición de nuevas categorías como las bolsas de nicotina, las organizaciones reclaman que la Fórmula 1 adopte una política inequívoca que impida cualquier patrocinio de productos de tabaco o nicotina, con independencia de las diferencias regulatorias existentes entre unos productos y otros.

La carta está respaldada por 67 organizaciones nacionales e internacionales, entre asociaciones de pacientes, sociedades médicas y científicas, organizaciones de salud pública, entidades de control del tabaquismo y organizaciones de consumidores, entre las que figuran Nofumadores.org, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el Instituto Catalán de Oncología (ICO), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), FACUA-Consumidores en Acción, semFYC, SEMG, FENAER, la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH), entre otras.

Todas ellas trasladan una misma petición a Stefano Domenicali antes de la llegada de la Fórmula 1 a Madrid: que la competición cierre definitivamente la puerta a los patrocinios de la industria del tabaco y la nicotina. "El Gran Premio de Madrid es una oportunidad para que la Fórmula 1 demuestre de qué lado quiere estar. Pedimos a Stefano Domenicali una decisión clara: ni los cigarrillos de ayer ni los productos de nicotina de hoy deben tener sitio en la Fórmula 1", concluye la presidenta de Nofumadores.org.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento de alimentación ubicado en la localidad de Los Palacios (Sevilla). La investigación se mantiene abierta para localizar a un tercer implicado en los hechos.

Asalto a mano armada en un comercio de Los Palacios

Los hechos se produjeron el pasado 26 de agosto, cuando tres varones llegaron a las inmediaciones de un bazar a bordo de un ciclomotor, ocultando sus rostros con capuchas, bragas y pasamontañas. Durante el asalto, uno de los implicados encañonó con un arma de fuego corta al propietario amenazándole de muerte, mientras otro accedía al mostrador para sustraer la recaudación.

La resistencia de las víctimas provocó un violento forcejeo que se saldó con dos personas lesionadas, las cuales precisaron atención por parte de los servicios médicos. La difusión posterior de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad generó una notable alarma social entre comerciantes y vecinos del municipio.

Investigación policial e imputación de otros delitos

El análisis del material audiovisual y los indicios recabados por el área de investigación de la Guardia Civil en Los Palacios y Utrera permitieron identificar al individuo que accedió a la caja registradora. Tras desplegar un dispositivo para su arresto, los agentes determinaron su vinculación con otros tres robos con fuerza cometidos en agosto en distintos establecimientos, para los que habría empleado un vehículo sustraído en Gelves (Sevilla).

Posteriormente, las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron al segundo implicado, a quien se atribuye haber empuñado el arma durante el atraco, así como el robo de vehículos previa participación en otros dos sustraídos en los días anteriores.

En total, al primer arrestado se le imputan un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de robo de uso de vehículo y tres delitos de robo con fuerza. Al segundo detenido se le atribuyen un delito de robo con violencia e intimidación y dos delitos de robo de uso de vehículo.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de junio el Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. La normativa introduce varias novedades que afectarán a todos los conductores, entre ellas la obligación de formar un carril de emergencia en caso de atasco en autovías y autopistas.

Según esta nueva medida, cuando se produzca una retención y los vehículos se detengan o circulen a paso de peatón, los conductores deberán orillarse, es decir, apartarse hacia los lados, para dejar un pasillo libre que permita el paso rápido de los vehículos de emergencia. En las vías con dos carriles por sentido, los coches de ambos carriles deberán desplazarse hacia sus bordes exteriores, de forma que el carril de emergencia quede formado justo en el centro de la vía. En las vías de tres o más carriles, el espacio libre deberá crearse siempre entre el carril situado más a la izquierda y el contiguo: los vehículos que circulen por el carril del extremo izquierdo tendrán que moverse lo más a la izquierda posible, mientras que el resto deberá desplazarse lo máximo posible hacia la derecha.

La reforma también regula cómo actuar al rebasar vehículos inmovilizados en la calzada, ya sea por avería, accidente o por tratarse de vehículos de auxilio. En estos casos, será obligatorio dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite establecido en la vía.

Otra de las novedades afecta a la circulación en condiciones climatológicas adversas. Cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías, quedará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril derecho. En las carreteras con tres o más carriles por sentido, se mantendrá también la obligación de circular por el carril derecho, aunque se permitirá el uso de su carril contiguo, dejando libres el resto de carriles situados más a la izquierda para el paso de máquinas quitanieves y vehículos de emergencia.

Desde el Gobierno de Navarra se ha explicado que estas medidas buscan adaptar la normativa española a prácticas ya reguladas en otros países europeos, con el objetivo de garantizar que los equipos de emergencia y los servicios de auxilio puedan desarrollar su labor sin verse bloqueados por el tráfico.

El lehendakari Imanol Pradales ha advertido de que, si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no reconduce la crisis migratoria de Ceuta, la legislatura española estará acabada "por completo". El mandatario autonómico analizó la coyuntura política tras el tenso pleno en el Congreso de los Diputados, donde observó una "soledad" evidente en el jefe del Ejecutivo estatal y una clara falta de liderazgo frente a un problema que afecta a la gestión de fronteras y la atención de menores no acompañados en Euskadi Irratia.

Pradales señaló que el Ejecutivo central muestra signos de estar "noqueado y desbordado" ante el impacto social y político provocado por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. A diferencia de intervenciones anteriores ante emergencias o catástrofes, el lehendakari subrayó que en esta ocasión se ha producido una falta de respuesta rápida y una palpable descoordinación dentro del propio Gobierno de España, visibilizada también en los gestos de rechazo dentro del propio banco azul.

Impacto directo en la negociación del Estatuto de Gernika

La situación en la frontera sur repercute de forma directa en la agenda de trabajo entre Euskadi y el Estado. La designación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único para gestionar la situación en la ciudad autónoma, condiciona los plazos de la comisión bilateral de transferencias. No obstante, las consejerías de la administración vasca mantienen los contactos en Madrid para avanzar en las competencias pendientes de la Seguridad Social y el Estatuto de Gernika.

El PNV exige competencias para la acogida y la gestión de flujos migratorios

En este escenario de tensión institucional, la gestión del sistema de atención a personas refugiadas y la política migratoria ganan centralidad en el debate público. Tanto el Ejecutivo de Vitoria como el PNV han vuelto a solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, un mayor poder de decisión y la cesión de herramientas legales para organizar con orden los flujos y los recursos autonómicos de acogida. Mientras los contactos técnicos continúan, los socios de coalición exigen que la gobernabilidad en el Estado responda a compromisos concretos e hitos normativos.

Renfe volverá a permitir a partir del próximo 7 de septiembre el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes, como parte de su apuesta por una movilidad "cada vez más integrada, sostenible y accesible", según ha informado la operadora. La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con la excepción de Rodalies y Cercanías Euskadi, donde por el momento no entrará en vigor.

Según ha explicado Renfe, la decisión facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación, o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios. La actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios, y que según la compañía refuerza las garantías de seguridad tanto para los usuarios de estos vehículos como para el resto de los viajeros.

Intermodalidad al servicio de las personas

El uso combinado del tren y el patinete eléctrico constituye, según Renfe, una solución eficaz para los desplazamientos de primera y última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos donde muchas personas necesitan completar el viaje entre la estación y su destino final. De acuerdo con datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, cifra que refleja, según la operadora, el peso creciente de este medio en la movilidad urbana.

La prohibición temporal implantada en 2023 afectó especialmente a quienes habían incorporado el patinete a sus desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o económicos. Renfe sostiene que recuperar esta posibilidad permitirá ampliar las opciones de movilidad de miles de personas que dependen de soluciones asequibles para desplazarse cada día, contribuyendo a reducir tiempos de viaje y a mejorar la conectividad de determinados colectivos.

Seguridad garantizada mediante requisitos estrictos

La readmisión de los patinetes eléctricos se produce en un momento en el que ya existe una regulación específica que permite controlar e identificar los vehículos que pueden circular legalmente. Renfe únicamente permitirá el acceso de aquellos patinetes que estén homologados y cumplan con la Ley 5/2025, que incorpora a los vehículos personales ligeros dentro del sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil, adaptando la normativa española a la Directiva (UE) 2021/2118.

Los patinetes deberán cumplir además con todos los requisitos establecidos por la DGT: estar inscritos en su Registro de vehículos, contar con una placa o etiqueta identificativa visible —o, en su caso, placa de matrícula—, disponer de seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor, y de certificado de circulación que acredite su homologación y el cumplimiento de las características técnicas requeridas.

Durante el viaje, los patinetes deberán permanecer plegados y apagados en todo momento, sin que esté permitida la recarga de baterías a bordo. Los vehículos deberán situarse en los espacios habilitados o en aquellas zonas donde ocasionen la menor interferencia posible al resto de viajeros, sin obstaculizar pasillos, puertas, salidas de emergencia ni espacios prioritarios. Renfe pondrá en marcha acciones informativas dirigidas a los viajeros y reforzará la comunicación con el personal operativo y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.

Una medida respaldada por la experiencia europea

La readmisión de los patinetes eléctricos acerca a Renfe a la práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos. En países como Alemania, Italia o Francia, el transporte de estos vehículos está permitido en servicios de larga distancia y, con distintos matices, también en trenes regionales o de cercanías, siempre que se respeten condiciones de seguridad como llevarlos plegados, apagados, correctamente almacenados en los espacios de equipaje y sin recargar las baterías durante el trayecto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados que existan pruebas que vinculen a Marruecos con la organización de la entrada masiva de unas 70.000 personas en Ceuta, registrada desde el pasado 30 de julio. "A día de hoy ningún organismo o institución interno o externo ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio", afirmó en referencia al famoso informe de la Policía que señalaba los riesgos de numerosas entradas el 30 de julio, y que ha sido aportado a la juerza Tardón en el sumario que se investiga en la Audiencia Nacional. 

Sánchez compareció a petición propia para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo ante la mayor crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma. Sobre las causas, el presidente advirtió de que no se trata de un fenómeno "simple ni lineal" sino "complejo y multicausal", con "varios actores y factores que se retroalimentaron entre sí, probablemente de forma no coordinada".

Como detonante principal, Sánchez señaló una interpretación tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre la no aplicación de la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Extranjería a las entradas por mar, que se difundió a través de las redes sociales convertida en bulos. A ello se sumó, según el presidente, la actuación de "mafias y comerciantes que aprovecharon y alimentaron la situación para vender material y servicios de asistencia al cruce".

Pese a descartar la implicación marroquí, Sánchez no cerró la puerta a futuras conclusiones. Aseguró que "todas las unidades competentes del Estado están investigándolo" y que, si aparecieran pruebas sólidas, el Ejecutivo actuaría "en consecuencia con total contundencia". En esa línea, anunció que ha dado instrucciones para publicar un dossier con todos los informes disponibles sobre los hechos, para que puedan ser examinados por los medios de comunicación y la ciudadanía.

El presidente también defendió que ninguno de los informes del CNI ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado previos a la crisis anticipaba la magnitud de lo ocurrido. "Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y que hay que extremar la cautela, y otra muy distinta anticipar, en cuestión de horas, la llegada de 70.000 personas a Ceuta", argumentó.

En cuanto a la respuesta inicial, Sánchez destacó que en 72 horas alrededor de 63.000 personas habían regresado a Marruecos, más del 90% de quienes habían cruzado, una cifra que calificó como "uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa", según reconocimiento de la propia Comisión Europea. El pasado 25 de agosto, el Gobierno declaró por primera vez en democracia la "situación de interés para la seguridad nacional" para reforzar la coordinación entre administraciones.

Sánchez cerró su intervención con un mensaje directo a los ceutíes, a quienes reconoció haber vivido momentos de "miedo y angustia", admitió que la respuesta de las administraciones "no ha sido suficiente" y garantizó que el Gobierno "no renunciará jamás a la soberanía española de Ceuta y Melilla". Anunció asimismo que el jefe del Estado visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas".

La Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido el caso de los cuatro futbolistas profesionales relacionados con la grabación y difusión de un video de carácter sexual en un club de playa de Gran Canaria en junio de 2023. La magistrada Virginia Peña ha dictado sentencia de conformidad tras escuchar a las víctimas, quienes confirmaron su perdón a los acusados, y tras el informe de la representante del Ministerio Fiscal, que retiró los cargos contra uno de ellos, el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio,  y redujo la petición de condena para los otros tres, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, excanteranos del Real Madrid. 

Así, los tres futbolistas acusados de distribución de pornografía infantil han sido condenados a un año de prisión, aunque esta condena queda en suspenso a condición de que no reincidan en el mismo periodo. Además, se ha impuesto una restricción de dos años de alejamiento de las víctimas y tres años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con menores. Como parte de la sentencia, también deberán participar en un curso de reeducación en materia sexual.

Por otro lado, el futbolista al que la fiscal retiró todos los cargos, imputado inicialmente por un delito de revelación de secreto, ha sido absuelto libremente. Esta decisión se tomó después de que la fiscalía reconsiderara su posición y decidiera no continuar con las acusaciones en su contra. La sentencia dictada por la magistrada Peña es firme y definitiva, ya que todas las partes implicadas han manifestado su conformidad y han decidido no recurrirla.

La resolución de este caso pone fin a un proceso judicial que ha captado la atención mediática debido a la implicación de figuras del deporte profesional. La decisión de la magistrada y la aceptación de la sentencia por parte de las partes implicadas cierran definitivamente este capítulo. En los próximos días, se espera que la sentencia sea plasmada por escrito, formalizando así el cierre del caso.

El caso ha generado un debate en torno a la responsabilidad de los deportistas como figuras públicas y su comportamiento fuera de los terrenos de juego. La sentencia y las medidas impuestas buscan no solo castigar el delito cometido, sino también prevenir futuros incidentes similares a través de la reeducación y la concienciación sobre la importancia del respeto y la privacidad.

La noticia ha tenido un impacto significativo en el ámbito deportivo, destacando la importancia de abordar de manera seria y responsable los casos de delitos sexuales y el uso indebido de material privado. Las medidas impuestas a los condenados subrayan la necesidad de un comportamiento ético y responsable, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

El desenlace de este caso subraya la importancia de la justicia y la responsabilidad en el ámbito profesional del deporte, recordando a los deportistas y a la sociedad en general la relevancia de actuar con integridad y respeto hacia los demás.