Izquierda Unida La Rioja ha anunciado que trasladará las reivindicaciones de la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles al pleno del Parlamento riojano este próximo jueves. La formación denuncia que las ratios actuales en España —que permiten hasta 20 niños de dos años por profesional— duplican las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. Esta situación, según la organización, compromete tanto la calidad educativa como la salud laboral de un sector compuesto en un 97% por mujeres.

La portavoz parlamentaria, Henar Moreno, ha criticado que el ciclo 0-3 años sea tratado históricamente como un simple recurso de conciliación laboral en lugar de un derecho educativo fundamental. IU apuesta por una red pública, gratuita y universal que garantice el desarrollo de la primera infancia en condiciones de dignidad.

Concentración en la plaza del Mercado por un empleo digno

En apoyo a este colectivo, la formación participará hoy a las 19:00 horas en la concentración convocada en la plaza del Mercado de Logroño. Las trabajadoras exigen soluciones urgentes ante salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la falta de reconocimiento como personal docente. Entre las demandas principales destaca la implantación de la "pareja educativa" y la reserva de cinco horas semanales no lectivas para labores pedagógicas y de planificación.

Reivindicaciones clave para el futuro del sistema educativo

Para IU La Rioja, la actual normativa supone una forma de "violencia institucional" contra los menores y sus educadoras. La propuesta que se defenderá en el Parlamento de La Rioja busca blindar la etapa educativa inicial, exigiendo un calendario laboral equiparado al resto de niveles y una bajada de ratios que permita una atención personalizada. Según Moreno, invertir en este tramo de edad es esencial para corregir desigualdades sociales desde el origen y garantizar un sistema educativo sólido y justo.

El Consejo de Gobierno ha ratificado este martes el decreto que regula la implantación del nuevo modelo de función pública en la Administración Autonómica de La Rioja. Esta norma tiene como objetivo reglamentar la integración del personal funcionario en los cuerpos y escalas creados por la Ley 9/2023, actualizando disposiciones legales que no se renovaban desde hace más de tres décadas.

El procedimiento, que ha sido negociado y apoyado de forma unánime por las organizaciones sindicales, busca reorganizar la estructura administrativa en atención a las funciones actuales. Según los plazos establecidos, los procesos de integración deberán completarse a lo largo de este año, asegurando que los efectos económicos se apliquen, como máximo, el 1 de julio de 2026.

Reclasificación profesional y requisitos de titulación

El nuevo marco normativo establece la creación del grupo B, donde se integrarán los cuerpos del actual subgrupo C1. Para acceder a esta categoría se requerirá la posesión de una titulación superior, aunque el decreto ofrece seguridad laboral al personal actual mediante un plazo de seis años para la consecución del título en caso de no disponer de él.

En cifras concretas, la medida afecta a 810 trabajadores:

• 478 funcionarios pasarán del grupo C1 al B.

• 210 empleados promocionarán del subgrupo C2 al C1.

• 122 trabajadores laborales podrán acceder al C2 mediante promoción interna con cambio de régimen jurídico.

Este ajuste supone una inversión en capital humano con un incremento retributivo total de 1.849.509,71 euros anuales para la plantilla de la administración riojana.

Nuevos cuerpos funcionariales y atención educativa

El decreto también formaliza la creación del cuerpo funcionarial de bombero forestal, integrando a profesionales que hasta ahora formaban parte del personal laboral. Esta medida se suma a otras mejoras introducidas durante la legislatura para dotar de mayor estabilidad a sectores estratégicos de la administración.

Asimismo, se ha garantizado la permanencia de los ayudantes técnicos educativos (ATE), profesionales que asisten a escolares con necesidades especiales. El texto final descarta la extinción de este cuerpo y posibilita que sus integrantes pasen al grupo B como titulados superiores. La norma incluye ocho artículos y ocho disposiciones adicionales que garantizan la seguridad jurídica de todo el proceso de modernización administrativa.

El Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum acoge desde ayer el IV Foro de Intercambio de Mejores Prácticas de las Administraciones Tributarias, un encuentro técnico que reúne a responsables del Estado y de las comunidades autónomas. El objetivo de las jornadas es el análisis de los procesos de modernización administrativa y la aplicación de medidas para la reducción de cargas a los contribuyentes.

Durante el foro, se han expuesto los resultados de la implementación de la plataforma GRIAR, un sistema que permite la presentación y el pago de tributos de forma telemática. Esta herramienta busca sustituir la gestión presencial en oficinas bancarias por una oficina tributaria virtual, centrada en la tramitación digital de los impuestos autonómicos.

Interconexión técnica con la Dirección General de Tráfico

Uno de los puntos destacados de la agenda ha sido el sistema de interconexión en tiempo real con la DGT. La Rioja ha presentado este mecanismo como una vía para gestionar vehículos transferidos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según los datos técnicos, este sistema elimina la liquidación en papel para unos 4.000 ciudadanos anuales, automatizando el cruce de datos entre administraciones.

Asimismo, se ha informado sobre la actividad del Grupo de expertos fiscales, un órgano de consulta encargado de analizar las respuestas de la Dirección General de Tributos y la normativa vigente para unificar criterios en la gestión de expedientes.

Cambios en los aplazamientos de deuda y garantías

En el ámbito de la recaudación, se ha dado cuenta de la modificación en los límites para el fraccionamiento de deudas. La Hacienda regional ha elevado de 30.000 a 50.000 euros el importe exento de presentar garantías para solicitar aplazamientos. Esta medida técnica afecta directamente a la liquidez de autónomos y pymes en sus obligaciones corrientes.

Como paso previo al foro, se ha celebrado la reunión del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, siendo la primera vez que este grupo de trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades autónomas establece su sede en territorio riojano para coordinar políticas fiscales.

Izquierda Unida Nájera ha calificado de "irresponsabilidad institucional" la gestión en torno al incendio ocurrido en el vertedero de Nájera-Hormilleja. Según la formación, el siniestro ha expuesto a miles de vecinos a emisiones de humo tóxico de forma prolongada, un hecho que consideran que "no es fortuito" debido a los antecedentes de la instalación.

La portavoz del grupo municipal, Idoia Eguileor, ha recordado que el vertedero acumulaba múltiples denuncias por entrada irregular de residuos, informes negativos y sanciones previas por parte del Ejecutivo regional. Desde IU sostienen que las señales de alarma fueron ignoradas de manera sistemática, lo que ha derivado en esta emergencia medioambiental en la comarca.

Crisis en la Dirección General de Calidad Ambiental

Uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en la gestión del Gobierno de La Rioja, presidido por el PP. IU señala que la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua lleva cinco meses sin un titular al frente, tras la salida de José María Infante en noviembre de 2025.

Para la formación, el hecho de que las competencias de protección del medio ambiente y salud pública recaigan de forma interina en otro cargo evidencia una falta de prioridad política. "Que La Rioja lleve medio año sin nadie al frente de Calidad Ambiental dice mucho del nivel de importancia que se le da a estos riesgos", ha subrayado Eguileor.

Opacidad en las mediciones y riesgos en el río Najerilla

La formación también ha sido muy crítica con la comunicación institucional durante el incendio. Aseguran que la información sobre cómo protegerse de las partículas tóxicas llegó tarde y de forma deficiente a la población afectada. Ante esta situación, han solicitado formalmente la publicación de todas las mediciones de calidad del aire realizadas durante el siniestro.

Asimismo, Izquierda Unida ha mostrado su preocupación por la posible contaminación del río Najerilla debido al vertido de residuos o filtraciones derivadas del incendio. El grupo parlamentario ya ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento de La Rioja para depurar las responsabilidades políticas y técnicas de este desastre ecológico.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha informado hoy sobre la evolución del Plan Revive, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en el entorno rural. Según los datos facilitados, el Gobierno de La Rioja ya está destinando un total de 13,1 millones de euros para el abono de solicitudes, una cifra que supera los 12 millones de euros comprometidos inicialmente para todo el periodo hasta 2027.

Este incremento supone un 46% más de lo previsto para los tres primeros ejercicios presupuestarios, dado que la planificación original contemplaba una partida de 3 millones de euros anuales. Osés ha señalado que el programa ha alcanzado ya al 87% de los municipios objetivo, con más de 1.400 solicitantes repartidos en 117 de las 134 localidades riojanas que cuentan con menos de 5.000 habitantes.

Medidas contra la despoblación y servicios en el medio rural

Durante su intervención en el evento 'Empuéblate La Rioja', el consejero ha detallado que el plan de ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda busca fijar población en núcleos pequeños como Cellorigo, Grávalos o Mansilla de la Sierra. Asimismo, ha subrayado que se atenderán todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, asegurando la continuidad del programa durante la presente legislatura.

Además de la vivienda, el Ejecutivo autonómico ha desglosado otras líneas de actuación para combatir la despoblación:

• Financiación municipal: Los pequeños municipios han registrado un aumento en su financiación con el objetivo de mejorar los servicios públicos locales.

• Servicios básicos: Creación de subvenciones para la apertura de espacios de bar-cafetería y la instalación de una red de cajeros automáticos para fomentar la inclusión financiera.

• Mantenimiento y seguridad: Ayudas para el derribo de edificios en ruina y para la contratación de alguaciles en municipios de hasta 1.000 habitantes.

Infraestructuras y movilidad para el entorno joven

En el ámbito de las comunicaciones, se ha destacado el Plan de modernización de carreteras rurales, que prevé una inversión de más de 27 millones de euros hasta el año 2028 para actuar en medio centenar de vías. Esta medida se complementa con el Carné Rioja Joven Rural, del que ya forman parte más de 500 usuarios menores de 25 años empadronados en localidades de menos de 500 habitantes, quienes acceden a la gratuidad en el transporte público regional.

El Parlamento de La Rioja ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, mediante la cual se insta al Gobierno de España a poner a disposición de la comunidad las viviendas y solares de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). El objetivo de esta iniciativa es que estos recursos, actualmente infrautilizados, se destinen a vivienda social y de Protección Oficial.

El diputado popular Diego Bengoa ha defendido la propuesta calificándola como "política útil", subrayando la necesidad de que sea el Gobierno regional, a través del IRVI (Instituto de la Vivienda de La Rioja), quien gestione estos activos. La medida busca dar respuesta a la creciente demanda de alquiler asequible, especialmente entre los jóvenes y las familias que sufren el incremento de precios en el mercado inmobiliario.

Gestión regional contra la inacción estatal

Durante su intervención, Bengoa ha criticado la "contradicción evidente" que supone la existencia de inmuebles públicos vacíos mientras persiste la dificultad de acceso al hogar. La propuesta contempla que las viviendas en buen estado se pongan a disposición de la ciudadanía en un "plazo razonable", mientras que los suelos y edificios que lo requieran sean sometidos a procesos de rehabilitación.

El portavoz popular ha destacado que esta iniciativa refuerza las políticas que ya aplica el Gobierno de La Rioja, tales como el Plan Revive, las ayudas directas al alquiler y los avales públicos para la compra. Según el parlamentario, la movilización de la vivienda vacía de la SAREB es una pieza clave para fijar población en los municipios rurales y ofrecer soluciones reales frente a los "discursos vacíos" y el bloqueo administrativo.

Un frente común por el interés general

La aprobación por todos los grupos parlamentarios refleja la urgencia de abordar el problema habitacional en la región. El acuerdo subraya la importancia de la colaboración institucional para que los activos procedentes de la reestructuración bancaria reviertan en beneficio de la sociedad riojana, transformando recursos financieros en soluciones residenciales concretas.

La sede de Izquierda Unida La Rioja en la Avenida de Navarra ha acogido este fin de semana la Asamblea Regional ordinaria. El encuentro ha servido para debatir las líneas maestras de la formación en la comunidad y para proceder a la renovación de su consejo político. La militancia ha puesto el foco en la figura de Mendiola para liderar la nueva etapa del partido.

Durante la jornada, se ha analizado el impacto de las políticas sociales defendidas por IU en el Parlamento de La Rioja y la necesidad de fortalecer las agrupaciones locales en municipios clave. La asamblea concluyó con un llamamiento a la unidad de la izquierda para afrontar los retos económicos y habitacionales que afectan a La Rioja.

Izquierda Unida de La Rioja ha denunciado públicamente la reducción de turnos en el servicio de diálisis del Hospital de Calahorra, calificando la medida como parte de una estrategia deliberada del Ejecutivo de Gonzalo Capellán para precarizar la sanidad pública. Según la formación, a partir del próximo mes de febrero se eliminará la atención durante las tardes de los martes, jueves y sábados, lo que reducirá drásticamente la capacidad asistencial en la Rioja Baja.

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento regional, Carlos Ollero, ha calificado de "intolerable" que este recorte afecte a pacientes crónicos cuya salud depende directamente de la regularidad de sus tratamientos. Desde la organización sostienen que no se trata de una reorganización técnica, sino de una decisión política que obligará a los usuarios a aceptar horarios más restrictivos o a desplazarse a otros centros fuera de su comarca.

Un plan de desgaste del hospital

Para Izquierda Unida, este recorte en nefrología no es un hecho aislado, sino que se suma a la pérdida de personal, la falta de inversiones y la disminución de servicios especializados que viene sufriendo el Hospital de Calahorra. Ollero ha recordado que la integración del centro en el Servicio Riojano de Salud (SERIS) durante la pasada legislatura buscaba precisamente blindar el hospital frente a políticas de externalización.

La formación asegura que el modelo actual se basa en cubrir consultas de forma intermitente con profesionales desplazados desde Logroño, lo que consideran una forma de "desmantelamiento pieza a pieza". Según la denuncia, el objetivo final del Gobierno regional sería desprestigiar el funcionamiento del centro para justificar futuras privatizaciones.

Apoyo a las movilizaciones ciudadanas

Ante esta situación, Izquierda Unida ha reafirmado su compromiso con las movilizaciones en defensa de la sanidad pública y ha mostrado su apoyo explícito a la Plataforma SOS Hospital de Calahorra. La formación exige la reversión inmediata de los recortes para garantizar el derecho a una atención de calidad, gratuita y cercana para todos los ciudadanos de la zona.

El pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este 22 de diciembre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2026 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Con un montante global de 2.118,60 millones de euros, estas cuentas se convierten en las más altas de la historia de la región, incrementando en más de 62 millones el gasto disponible para la inversión pública.

Blindaje de los servicios públicos y sectores estratégicos

El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha destacado que el 74,28% del gasto se concentra en las áreas de Sanidad, Educación y Políticas Sociales. En concreto, el área de Salud recibirá 679,55 millones de euros, lo que permitirá avanzar en proyectos clave como la ampliación del Hospital Universitario San Pedro y el desarrollo del futuro Grado de Medicina.

En materia educativa, la inversión alcanza los 428,46 millones, financiando la construcción de nuevos colegios en municipios como Pradejón, Agoncillo y Varea, además de un ambicioso Centro Público Integrado de FP con una inversión total prevista de 40,3 millones de euros. Por su parte, los Servicios Sociales contarán con 184,80 millones para potenciar la red de centros de día en localidades como Calahorra y Arnedo.

Un modelo fiscal con nuevas rebajas de impuestos

Junto a los presupuestos, se ha validado una política fiscal que posiciona a La Rioja como la segunda comunidad de régimen común con el tipo mínimo de IRPF más bajo. Como novedad principal, la región será la primera en aplicar de forma automática la deflactación del tramo autonómico del IRPF cuando la inflación supere el 3%, una medida que beneficiará a más de 188.000 contribuyentes.

Además del gasto social, el Ejecutivo apuesta por la reactivación económica mediante el apoyo a los sectores agroganadero, industrial y tecnológico. Entre las actuaciones estratégicas mencionadas figuran la modernización del laboratorio de La Grajera y el impulso a la vivienda joven a través del Plan Revive, consolidando un marco de estabilidad financiera para el próximo ejercicio.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado las líneas maestras de los Presupuestos 2026 de su departamento, destacando la consolidación del esfuerzo inversor iniciado en la legislatura. Las Cuentas ascienden a 108 millones de euros, alcanzando los 118,6 millones con gastos de personal, una cifra superior a la del ejercicio anterior, cuyo principal objetivo es "reforzar el bienestar de miles de riojanos" y apuntalar el desarrollo local y la igualdad de oportunidades.

La estrategia presupuestaria se centra en tres ejes fundamentales:

1. Política Local y Lucha contra la Despoblación: Se destinan 39,9 millones de euros para asegurar la solvencia económica de los ayuntamientos y mejorar la prestación de servicios básicos. El consejero enfatizó que se aumentará en un 96% la financiación a las administraciones públicas más pequeñas respecto a 2023. En este ámbito, se materializan medidas ya anunciadas como la nueva línea de ayudas para la contratación de alguaciles y el Plan de Inclusión Financiera para el medio rural (+CAR). Se refuerza la dotación del Plan de Obras y Servicios Locales con 8,9 millones de euros y se incrementa en un 43% (hasta 8 millones) el presupuesto para convenios de colaboración con los consistorios.

2. Infraestructuras y Movilidad: La inversión total será de 40.188.852 euros. De estos, 31,8 millones de euros irán destinados a ampliar y modernizar la red de carreteras, avanzando en actuaciones clave como el ensanche de la LR-250 entre Jalón y Laguna de Cameros, y la LR-259 entre Ausejo y Alcanadre. Se reservan 3 millones de euros para la solución técnica que permita la reapertura de la LR-115 en Arnedillo. En cuanto a transporte público, el presupuesto crece un 6%, hasta 5,6 millones, e incrementa en un 16% (955.000 euros) la bonificación al precio del billete para los usuarios. Se continuará impulsando la movilidad en bicicleta con la culminación de carriles ciclopeatonales, destacando el vial entre Villamediana de Iregua y Alberite.

3. Acceso a la Vivienda: Se movilizarán 24,4 millones de euros en 2026 para favorecer el acceso a la vivienda, con 17 millones reservados para el Plan Estatal. Se puso en valor el pionero Plan Revive, cuyo gasto ya ha ascendido a 9 millones de euros desde el inicio de la legislatura, un 76% más de lo presupuestado inicialmente en 2024, demostrando su necesidad para fijar población en los pueblos de La Rioja.

Izquierda Unida (IU) ha formalizado el registro de una enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa en el Parlamento de La Rioja. La formación, a través de su diputado Carlos Ollero, argumenta que el texto supone una "desregulación que privatiza y recorta garantías" y representa un retroceso en derechos colectivos.

IU sostiene que el Proyecto de Ley riojano emula el modelo de simplificación administrativa de comunidades gobernadas por la derecha conservadora y neoliberal, como Madrid o Valencia. Ollero ha sido categórico: “No vamos a avalar un modelo que rebaja controles y deja a la ciudadanía más desprotegida”.

Críticas a la desregulación y la privatización

Bajo la justificación de lograr "agilidad administrativa", la formación de izquierdas denuncia que el proyecto abre la puerta a la privatización de funciones de la Administración autonómica y a una desregulación perjudicial para las pequeñas y medianas empresas de La Rioja.

Entre los principales motivos de rechazo se encuentran:

1. Silencio administrativo estimatorio: IU critica la generalización de este principio, que convierte la falta de respuesta en una "autorización tácita" incluso en materias sensibles como el medio ambiente, la salud pública y la seguridad industrial. Ollero advierte que “La inacción administrativa no puede equivaler a autorización tácita cuando el daño puede ser irreversible”.

2. Sustitución de autorizaciones: La ley plantea reemplazar autorizaciones por declaraciones responsables o simples comunicaciones, desplazando la vigilancia al a posteriori sin controles previos suficientes ni un refuerzo en los medios públicos de inspección, lo que dificulta corregir riesgos a tiempo.

3. Entidades privadas certificadoras: Se rechaza la entrada de entidades privadas financiadas por las mismas empresas que evalúan, alegando un claro conflicto de interés y la consiguiente pérdida de empleo público cualificado. IU subraya que “El control de legalidad y la garantía de derechos son funciones públicas y deben seguir siéndolo”.

4. Principio de "mercado abierto": Se advierte que el reconocimiento automático de permisos de otras comunidades con menos requisitos facilita el 'dumping' regulatorio, limitando la capacidad de La Rioja para proteger adecuadamente aspectos sociales, laborales y ambientales.

5. Reducción de la participación: La formación critica la reducción de los tiempos de participación ciudadana en la elaboración de normas, señalando que la consulta pública no debe ser un mero trámite, sino una "garantía democrática".

Como alternativa, Izquierda Unida propone una simplificación "real" que elimine la burocracia inútil sin recortar derechos, mediante la digitalización inclusiva, la eliminación de duplicidades y el refuerzo de los servicios públicos y la inspección.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presentado hoy, 3 de octubre, ante el Parlamento regional el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el ejercicio 2026. Según Domínguez, las cuentas "materializan los proyectos estratégicos" del Gobierno y buscan garantizar "el bienestar social y la prosperidad económica de la región".

La Rioja se posiciona, según el consejero, como la "única Comunidad Autónoma" que ha presentado su proyecto presupuestario en los plazos legales, aportando "certidumbre y estabilidad a los ciudadanos y empresas" frente a la "inseguridad presupuestaria e institucional que atraviesa España".

Los PGLR de 2026 se cimentan sobre tres principios clave de la hoja de ruta del Ejecutivo. El primero es el refuerzo de los servicios públicos esenciales, que se traduce en importantes incrementos de gasto: 30,18 millones de euros más para Salud, 28,37 millones para Vivienda, 10,58 millones para Educación y 5,35 millones adicionales para Políticas Sociales.

El segundo eje es la intensificación de las políticas inversoras, con una partida de 25 millones de euros destinados a este fin. El tercer principio reafirma las acciones de estímulo del tejido económico y productivo, manteniendo un modelo de bajos impuestos para familias y empresas riojanas, lo que el Gobierno considera fundamental para la generación de empleo y riqueza.

Alfonso Domínguez ha concluido que el proyecto legislativo ofrece a La Rioja "más estabilidad, más certidumbre, más seguridad, menor carga impositiva, más servicios públicos y más creación de empleo e inversión", cumpliendo con la responsabilidad adquirida por el Gobierno.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presentado "en tiempo y forma" el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, un documento que el Ejecutivo del Partido Popular califica como "los mejores" de la región. El proyecto asciende a 2.118,60 millones de euros, lo que supone un incremento de 34 millones respecto al ejercicio anterior, y está centrado en el bienestar de los riojanos.

Una de las cifras destacadas es la inversión en políticas sociales, a la que se destina la cifra récord de 1.321 millones de euros. Este refuerzo se concentra en áreas clave como Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Vivienda.

El Gobierno regional ha subrayado el incremento de estas partidas en comparación con 2023, el último año del Ejecutivo socialista. Salud crece un 14,4% hasta los 679 millones; Educación asciende a 428,46 millones, un 16,8% más; Servicios Sociales incrementa su asignación un 12% hasta los 184,79 millones; y Vivienda sube un 20% hasta los 28,37 millones.

El Ejecutivo riojano del PP sostiene que el presupuesto es "riguroso, responsable y eficaz", incrementando el gasto disponible en 62 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Además, se destaca que las cuentas incluyen herramientas para "seguir bajando los impuestos al tiempo que sube la recaudación", consolidando compromisos adquiridos y la planificación estratégica para el avance de la comunidad.

En un claro contraste político, el Gobierno riojano critica abiertamente al Gobierno central del PSOE, al que acusa de "auténtico desgobierno" por llegar a octubre sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por tercer año consecutivo. El texto señala el incumplimiento del calendario constitucional, lamentando que el Ejecutivo central no haya aprobado todavía el techo de gasto ni la senda de déficit, lo que implicará la prórroga de los PGE de 2023.

Izquierda Unida (IU) ha rechazado contundentemente los Presupuestos de La Rioja presentados por el Gobierno del Partido Popular para 2026, calificándolos de "profundamente conservadores y alejados de las necesidades reales de la ciudadanía". La formación considera que estas cuentas suponen un retroceso para los servicios públicos de la comunidad.

La crítica central de IU se basa en que el escaso aumento del 1,66% en el presupuesto es insuficiente, especialmente en un contexto de crecimiento económico regional superior al 3% y una previsión de inflación del 2,5%. Según Henar Moreno, portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, el presupuesto "recorta en lo esencial", consolidando el deterioro de los derechos sociales.

Moreno ha lamentado que las partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales son "claramente insuficientes" para afrontar los graves problemas estructurales que afectan a la región. Entre ellos, IU menciona el crecimiento de las listas de espera, la infrafinanciación de la atención primaria, la falta de infraestructuras educativas, la ausencia de programas avanzados en la escuela pública y las plantillas insuficientes en la atención a personas mayores.

La formación de izquierdas denuncia, además, que el Gobierno de Capellán "insiste en mantener una política fiscal antisocial", con nuevas rebajas de impuestos que, a su juicio, benefician principalmente a las rentas más altas. Moreno ha sentenciado que "la bajada de impuestos a quienes más tienen está vaciando los recursos públicos necesarios para sostener lo común", mientras se sigue apostando por la privatización de servicios.

Para IU, lo que La Rioja necesita son "más recursos para sanidad, educación y cuidados, no más recortes ni regalos fiscales a los de siempre", urgiendo a reorientar la política presupuestaria para fortalecer los servicios públicos como pilares de la igualdad y la justicia social.

La consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha manifestado su desacuerdo con la cifra de 205 menores asignados para acogida en la región, calificándola como desproporcionada e inasumible. Durante la conferencia sectorial de menores convocada por el Ministerio de Juventud de Infancia, Martín ha reiterado la necesidad de conocer los criterios técnicos detrás de esta asignación que, según ella, podría colapsar el actual modelo de acogida.

Martín ha enfatizado que La Rioja no se niega a acoger, sino que objetivamente no puede hacerlo con las cifras actuales. Ha insistido en que la cifra de 205 menores es desproporcionada en comparación con otras comunidades autónomas y que no se debe imponer sin diálogo ni criterios claros. La consejera ha criticado al Gobierno central por cambiar constantemente las cifras sin justificación técnica, lo que ha generado un «caos absoluto».

La Rioja defiende su modelo de integración social

La consejera ha subrayado el compromiso de La Rioja con la integración de menores migrantes no acompañados, destacando que la región tiene una de las tasas más altas de población extranjera en el Estado español. Martín ha defendido el modelo de cohesión social e integración que ha funcionado en La Rioja, advirtiendo que sería un error cambiarlo de manera brusca y sin fundamentos técnicos.

En su intervención, Martín ha recordado que La Rioja ha cumplido con todos los compromisos acordados en conferencias sectoriales anteriores y ha aumentado las plazas para la tutela de menores. La región ha pasado de 135 a 153 plazas, siguiendo un modelo de desinstitucionalización a través de pisos hogar, con garantías de asistencia para lograr la integración de los menores.

La consejera también ha mencionado las reuniones mantenidas con asociaciones de infancia, inmigración, familias árabes y la Diócesis para evaluar la capacidad de acogida y el número de profesionales disponibles para afrontar esta situación. Ha enfatizado que la cuestión afecta a toda la sociedad y requiere la colaboración de todos los agentes del sector.

Críticas al Gobierno central por falta de coherencia

Martín ha criticado al Gobierno central por su incoherencia y falta de criterio en la gestión de la política migratoria, acusándolo de priorizar pactos políticos sobre el interés general. Ha advertido que esta situación pone en riesgo el sistema de protección del menor en La Rioja y ha anunciado que el Gobierno autonómico ya está trabajando en la búsqueda de recursos adicionales.

La consejera ha reclamado al Ejecutivo central que actúe con responsabilidad y abandone los intereses políticos, subrayando que se trata de menores y su protección no puede dejarse al arbitrio de decisiones partidistas. Martín ha reafirmado el compromiso de La Rioja con la acogida dentro de sus posibilidades reales y un sistema justo.

Finalmente, Martín ha concluido que el Gobierno de La Rioja mantiene su compromiso con la acogida, pero no puede aceptar una cifra impuesta sin consenso ni criterios claros que ponga en peligro un modelo social que ha demostrado ser efectivo. La consejera ha instado al Gobierno central a actuar con seriedad y planificación.

El Gobierno de La Rioja ha rechazado hoy, día 15, que el Gobierno de España cierre de forma bilateral una financiación singular para Cataluña, considerándola “un privilegio inaceptable para esta comunidad y un perjuicio para los riojanos”.

El Ejecutivo regional lamenta que, “por su extremada debilidad e incapacidad de gobernar, ceda al chantaje político de una minoría de partidos” y selle el ‘cupo’ catalán a cambio de votos, en una materia que le excede sin negociación multilateral con otras CCAA de régimen común.

La Comunidad Autónoma de La Rioja critica este “trato discriminatorio entre comunidades y el agravio comparativo”, y que el Gobierno de España posponga hasta después del verano el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), impidiendo a las CCAA disponer de cifras para sus presupuestos de 2026.

El portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, reprobó que la negociación se haya cerrado con una minoría política catalana y no en un foro multilateral como el CPFF, que es el marco adecuado para decidir la sostenibilidad de las comunidades de régimen común.

Según Domínguez, el pacto cerrado este lunes por el Estado y la Generalitat de Cataluña “trata desigualmente a los ciudadanos de las diferentes CCAA”.

Subrayó la “necesidad apremiante de acometer una revisión del Sistema de Financiación Autonómica (SFA)”, cuya última reforma data de 2009, mientras las comunidades han asumido nuevas políticas de gasto.

Sin embargo, el Gobierno de España, por su “más que probada debilidad parlamentaria”, solo ha negociado una reforma para Cataluña, “sorteando al resto de las autonomías y cerrando la puerta” a su análisis en el CPFF.

Este acuerdo singular para Cataluña supone “un trato discriminatorio entre comunidades y un agravio comparativo que perjudican a La Rioja y privilegian a quienes hacen chantaje al Gobierno a costa de los demás”.

Domínguez incidió en que “este acuerdo significa una quiebra de los principios de igualdad y solidaridad entre todos los españoles”.

Todas las acciones conducentes a conceder el ‘cupo’ catalán “las pagaremos el resto de ciudadanos, también los riojanos”.

Recordó el estudio del Colegio de Economistas de La Rioja, que calculó un impacto negativo de más de 300 millones de euros en la financiación de la comunidad.

Además, “todos los informes técnicos y de expertos destacan que mejorar bilateralmente la financiación de Cataluña significa directamente una merma de recursos disponibles para financiar al resto de CCAA”.

El consejero aseveró que un acuerdo de esta naturaleza “dejaría sin efecto la colaboración y la cogobernanza” ya que, con el voto a favor de la Generalitat, el Gobierno central se asegura la mayoría en el CPFF sin posibilidad de consenso.

Alfonso Domínguez también alertó sobre la “derivada colateral” de posponer el CPFF hasta después del verano, reunión que debería haberse celebrado en la primera quincena de junio.

Explicó que las comunidades autónomas no disponen de los objetivos de déficit, regla de gasto y deuda pública, cifras imprescindibles para elaborar los proyectos presupuestarios regionales de 2026.

A ello se suma que “tampoco se conoce cuál es la cifra de liquidación del sistema para el año 2023”, contenido esencial para tener información completa del sistema en 2025 y elaborar el presupuesto riojano de 2026 sobre base sólida.

Además, las entregas a cuenta no se recibirán hasta septiembre, “nueve meses después de lo debido”, dinero que “pertenece a los riojanos” por sus impuestos.

Criticó la falta de transparencia del Ministerio, que les indicó que recibirán 1,8 millones de euros menos de lo presupuestado, sin explicación.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha afirmado hoy en el Debate del Estado de la Región que “La Rioja da pasos firmes en la buena dirección para construir un futuro mejor”, apoyada en la estabilidad y certidumbre de un Ejecutivo que contrasta con la inestabilidad política nacional.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento regional, Capellán ha combinado balance, reflexión y nuevos compromisos, destacando la rendición de cuentas como pilar del buen gobierno.

El presidente ha detallado el cumplimiento de los 10 compromisos asumidos en 2024, como las 126 viviendas de alquiler asequible impulsadas por el IRVI, el plan VER que incrementó un 29% las matriculaciones de vehículos, los 3,5 millones de euros para la Universidad de La Rioja (UR), los 13 millones para infraestructuras deportivas, el nuevo impuesto a grandes infraestructuras energéticas, el programa +CAR con 11 nuevos cajeros rurales, y una inversión récord en educación de 417,54 millones de euros. También destacó la gratuidad de la primera matrícula en la UR y UNED, beneficiando a 434 estudiantes, y el futuro inicio de los estudios de Medicina en 2026-2027.

Capellán ha anunciado nuevas medidas, como la licitación este verano del Centro de Especialidades Adoración Sáenz (24 millones de euros), el proyecto del Centro de Salud de Alberite, y un servicio de adicciones tecnológicas para menores a partir de marzo de 2026. En educación, se creará una Subdirección de Infraestructuras Educativas, se licitará el nuevo CEIP Gonzalo de Berceo en Villamediana (15 millones de euros), y se avanzará en los centros de Varea, Nalda y Santurde.

Además, se invertirán 5,5 millones en el CPEE Marqués de Vallejo. En materia económica, ha destacado la inyección de 2 millones de euros en RICARI, la creación de una Mesa de Aceleración de Proyectos, y planes de Comercio y Desarrollo Industrial.

También se lanzará un programa de avales para la compra de vivienda para jóvenes y el Carné Rioja Joven Rural para transporte gratuito. En conectividad, se aprobó un pliego para vuelos internacionales desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, con un presupuesto de 14 millones de euros, y se impulsará una Estrategia de Enoturismo. Capellán ha reivindicado la resolución de la “insularidad” en comunicaciones, la aprobación puntual de los Presupuestos Generales del Estado y la defensa de los intereses de La Rioja frente a agravios en el sistema de financiació

n. “No somos ni más ni menos que nadie”, ha enfatizado, subrayando que La Rioja afronta el futuro con “ánimo, confianza y optimismo” gracias a una economía sólida y un gobierno comprometido con el progreso.

• El pleno aprobó también una moción para trabajar en la conservación del yacimiento de El Sequeral

Ayer lunes, el último del mes, se celebró el primer pleno del año 2025.

Las mociones presentadas por los grupos municipales de la oposición centraron el debate de la sesión plenaria ordinaria del mes de enero.

Por unanimidad de todos los concejales de la Corporación municipal fue aprobada la moción, presentada por urgencia por el concejal de Izquierda Unida, que insta al equipo de gobierno municipal a ”mantener las reuniones con la Consejería de Salud para que explique la reorganización que quieren llevar a cabo en el hospital de Calahorra y a que se dé traslado a la Consejería de Salud de que cualquier reorganización de los servicios de este centro hospitalaria debe ir encaminada a la mejora del mismo, la ampliación de servicios y de personal,…”

En este punto el grupo municipal popular presentó una transaccional, para que “se mantenga la plena capacidad asistencial del hospital comarcal de Calahorra, sin reducción de camas ni de personal sanitario. En todo caso, que se incremente la capacidad de atención para cirugía mayor ambulatoria, y, en general, de todos los servicios que sean precisos para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria que ofrece el hospital”.

Todos los ediles del PP, PSOE, Vox e IU se unieron para acordar esta proposición del grupo municipal de Izquierda Unida con la transaccional del Partido Popular.

Otra de las mociones que consiguió su aprobación fue la relativa  a la conservación del yacimiento arqueológico de El Sequeral, tema de las proposiciones de Vox e Izquierda Unida. Por lo que al final se unificaron en una sola. Contó con los votos favorables de PSOE, Vox e IU.

Se aprobó la moción de IU con la transaccional de Vox, quedando que se insta al equipo de gobierno a “seguir el Plan Director de Patrimonio y afrontar la intervención de la muralla de El Sequeral con cargo a este año o en caso de falta de presupuesto se tenga en cuenta para 2026; reponer el panel explicativo, limpiar la zona, retomar las excavaciones y restaurar los restos; así como ejecutar planes de conservación preventiva para evitar y minimizar el deterioro del yacimiento”. También a que «se comprometa a llevar a cabo un proyecto integral de mejora y adecuación de los accesos y el entorno del torreón, contemplando la reparación y acondicionamiento de las calles y caminos colindantes, la instalación y mejora de la señalización turística que facilite el acceso al monumento y el acondicionamiento paisajístico y limpieza de la zona”.

El Partido Popular se abstuvo porque según explicó el concejal de Limpieza, David Antoñanzas, “el área municipal de Urbanismo ya está estudiando y valorando las actuaciones que hay que hacer en este yacimiento para restaurarlo, así como su coste”.

También se acordó por los concejales del PSOE, Vox e IU la moción del grupo municipal socialista sobre la presentación de una propuesta a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde para la renaturalización y resiliencia de ciudad españoles correspondiente al 2024, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los ediles del PP votaron en contra porque en la pasada Junta de Gobierno Local se adjudicó el contrato menor de referencia para este mismo fin, proporcionar asistencia técnica especializada para la definición, redacción y elaboración de la documentación necesaria para la solicitud de la subvención destinada al fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde en el municipio, para promover la renaturalización y la resiliencia de Calahorra, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y urbana en el marco del programa correspondiente al año 2024, a la empresa Auren Consultores S.P por importe de 6.050 euros.

La otra moción defendida por el grupo municipal socialista para iniciar un expediente para que los técnicos municipales estudien la conveniencia de revisión del Plan General cumpliendo el artículo 10.2 de la normativa urbanística fue rechazada con los votos en contra de los ediles del Partido Popular y Vox. El concejal de Izquierda Unida se abstuvo.

Además, se acordó la revisión de oficio para la declaración de nulidad del pleno derecho del contrato que se realizó con el equipo redactor del Plan General de Calahorra para que estudiara si se podía construir un aparcamiento en la plaza Miguel Ángel Blanco, “ya que la técnico municipal no veía posible hacerlo sin modificar el Plan”, detalló el concejal Administración general, David Navarro, que recalcó que fue “una actuación legal y que gracias a ese informe hoy Calahorra cuenta con un parking más público. Ahora queda pendiente del informe del Consejo Consultivo de La Rioja”. El PSOE considera que se hizo con “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, concurriendo causa de nulidad de pleno derecho”.

La revisión de oficio de acto nulo de otorgamiento de premios por concurso de carrozas celebrado el 25 de agosto, ya que por un error administrativo las bases del concurso no se aprobaron en Junta de Gobierno Local. Se acordó por el PP, Vox e IU. Este trámite es necesario para rectificar este error y poder pagar los premios a las peñas ganadoras.

La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, ha firmado un protocolo por el que ambas comunidades fomentarán la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector agroalimentario.

La firma ha tenido lugar este lunes en el Palacio de Navarra y a la misma han asistido también el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Patricia Fanlo. Por parte de La Rioja, han acompañado al presidente Capellán, las consejeras de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

Navarra y La Rioja quieren fortalecer su liderazgo en tecnología alimentaria; el impulso a los centros tecnológicos ubicados en ambas regiones, es una de las prioridades del acuerdo. Los efectos del trabajo conjunto deben manifestarse en mejorar la competitividad de explotaciones y empresas, su sostenibilidad, así como la digitalización del sector. Para ello, han pactado instrumentar la colaboración de forma paritaria. Ambas comunidades destinarán la misma financiación y recursos de manera que los beneficios recaigan por igual en ambos territorios.

Las actuaciones se ordenan en cinco apartados: infraestructuras y ecosistemas de innovación, impulso a la innovación y transferencia tecnológica, talento, transformación digital y colaboración en redes de innovación. Se trata, en resumen, de dinamizar la mejor de la escala industrial y la gestión a través de la innovación a la par que se incide en la capacitación de las competencias de los y las profesionales del sector. En este contexto, Navarra y La Rioja pactan unir sus fuerzas para participar en redes y alianzas con otros centros de referencia.

El protocolo tendrá una duración de cuatro años; las partes pueden acordar su prórroga por un período similar o la extinción.

Sector a la vanguardia europea

Tras la firma del protocolo, la presidenta Chivite se ha felicitado al considerar que “somos uno de los polos agroalimentarios de vanguardia, no solo de España sino también de Europa. En Navarra tenemos claro que los futuros acuerdos entre ambas comunidades debe ser el camino.”

Chivite ha valorado el documento como una herramienta “facilitadora para avanzar en la sostenibilidad y competitividad del sector; ahí es donde la innovación juega un papel clave para genera procesos productivos más eficientes y atractivos para personas jóvenes; esto es importante en el marco del plan de relevo generacional del sector.”

El documento firmado da continuidad a una larga colaboración entre ambas comunidades en materia agroalimentaria. Hay que recordar que el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA) de San Adrián, junto a la privada, atrae inversión pública procedente del Estado y de las comunidades del eje del Ebro: Navarra, La Rioja y Aragón. De hecho, la Presidenta ha anunciado que en los presupuestos de 2025, “prevemos destinar un millón de euros para impulsarlo”.

En este sentido, la líder del Ejecutivo ha valorado que “este protocolo nos da un marco en este sentido y nos permite reforzar el liderazgo nacional de la zona del Valle del Ebro como epicentro de la transformación del sector agroalimentario. También nos permite ser referentes en el lanzamiento y apoyo a startups del sector.”

Segundo sector industrial de Navarra

La agroalimentación supone el segundo sector industrial de Navarra. Sin contar el sector primario, solo la transformación aporta un 5% al PIB de la Comunidad Foral.

En términos de empleo, uniendo las dos vertientes del sector agro –producción y transformación, emplea a 25.000 personas y factura un volumen de 4.500 millones de euros al año, con una producción especialmente destinada al mercado exterior.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, se ha reunido hoy en Logroño con sus homólogas en los gobiernos de La Rioja y Euskadi, las consejeras Noemí Manzanos y Amaia Barredo, respectivamente, en un encuentro sectorial para analizar conjuntamente la situación por la que atraviesa el sector vitivinícola y, particularmente, los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa), que comparten las tres comunidades.

Las consejeras y el consejero de las áreas de Agricultura y Desarrollo Rural de las comunidades de La Rioja, Euskadi y Navarra han analizado la situación del sector vitivinícola no sólo a la luz de las medidas excepcionales de crisis que han adoptado en esta campaña sus respectivos gobiernos para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vino derivado del descenso de consumo, sino también para estudiar posibles estrategias conjuntas a medio plazo como el refuerzo de la promoción y búsqueda de nuevos mercados, regulación de la producción, control de calidad o reconversión varietal, entre otras.

Aierdi, Manzanos y Barredo han estado acompañados por responsables de sus respectivos departamentos en materias de Agricultura y Desarrollo Rural: por parte de Navarra, los directores generales Ignacio Gil y Rubén Goñi; sus homólogos en La Rioja Mª Jesús Miñana y David Martín; así como el viceconsejero Raúl Pérez Iratxeta y el director Jorge Garbisu por parte del Gobierno vasco, en un encuentro que se ha celebrado en la bodega institucional de La Grajera ubicada en Logroño.

Soluciones compartidas con el sector

Durante la reunión también se ha analizado el marco en el que actúa el Consejo Regulador de la DOCa Rioja que comparten las tres comunidades, así como las posibles medidas o soluciones que se puedan activar de manera consensuada con el sector, tanto productores vitivinícolas como bodegas. En cualquier caso, las tres delegaciones han coincidido en la necesidad de apostar por el vino de calidad certificada y la reconversión de un sector que resulta clave para las estrategias de desarrollo rural y promoción de producto agroalimentario local en las tres comunidades.

Por otro lado, en la medida en que La Rioja, Euskadi y Navarra tienen en común el importante peso específico que el sector agroalimentario representa en sus respectivas economías, así como un determinado modelo de agricultura familiar, Manzanos, Barredo y Aierdi, junto con sus equipos técnicos, han abierto también una reflexión sobre las líneas maestras en las que se desarrollará en Bruselas y en Madrid el debate sobre la modificación de la Política Agrícola Común (PAC) para el próximo período, a partir de 2027.

De izquierda a derecha: la consejera Barredo (Euskadi), la consejera Manzanos (La Rioja) y el consejero Aierdi